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Irreconciliables

Artur Mas y Oriol Junqueras (detrás) durante un acto de campaña de Junts pel Sí / Fuente: EFE
El proceso parecía imparable, y así ha sido. Anuladas a efecto práctico las estructuras democráticas del Estado, ignoradas las reprimendas reiteradas de la Moncloa, y de espaldas a ese 53% de catalanes que no ha votado independencia, hoy el Parlament, en un pleno insulso donde los haya, ha dado el pistoletazo de salida a la secesión, a la ruptura definitiva de Cataluña con el resto de España. Un acontecimiento que, desde hoy mismo y desconociendo todavía su propio alcance, pasará a la historia como el mayor desafío al que se haya enfrentado el conjunto del Estado en democracia, algo que no ha hecho más que evidenciar la falta de actitud (y en muchos casos, de tacto) del gobierno de Madrid, pero también del de la Generalitat.

Calificar una votación democrática de un parlamento autonómico como Golpe de Estado, a pesar de su cierto carácter subversivo, es una calificación que solo consigue situarnos en las antípodas del entendimiento y de la coexistencia. No obstante, aun con la ausencia de grandilocuentes intervenciones militares y tanques sitiando las calles, clamar a la desobediencia jurídica y social respecto al conjunto del país tiene un cierto aroma picante, que le sonrojaría al demócrata medio. Limitarse, por otra parte, al argumento de una mayoría parlamentaria, justificada por una ley electoral ventajista e ignorando el resultado de un plebiscito auto-declarado, no parece esclarecer si, en verdad, la ciudadanía catalana quiere marcharse. Dentro del propio seno independentista ha habido críticas al respecto, pues son más las personas que han votado a propuestas constitucionalistas o de diálogo frente a las que han optado democráticamente por un Estado propio.

Moncloa tampoco parece tener claro lo que hacer. Las amenazas se suceden, la sombra del artículo 155 navega por las mentes de Rajoy y sus ministros, pero no ha pasado nada más allá de un escueto dictamen al Tribunal Constitucional (el cual, desde el Parlament, ya se ha dicho que sería ignorado). El gobierno de Madrid parece no tener potestad para ejercer su poder en Cataluña desde hace mucho tiempo, y la culpa arraigada de aquel terrible error político que fue la recogida de firmas contra el Estatut todavía pesa sobre la memoria de los populares. No son los únicos culpables, es un hecho, pero quién sabe lo que nos habríamos podido ahorrar de no ser por ese germen de patriotismo retrógrado que tanto ha caracterizado al partido desde su nacimiento. Y aunque se suela decir que "más vale tarde que nunca", parece que cualquier actuación dentro de Cataluña será, para unos o para otros, igualmente trágica.

El pleno autonómico ha concluido con un panorama pintoresco donde los haya, pero no nos engañemos. La Guerra Civil dio paso a un turbio clima de Guerra Fría a nivel estatal que todavía perdura. Ese conflicto interno que nos impide mirar al futuro como un país unido se ha concentrado precisamente en el territorio más rico y próspero, en la cuna de una riqueza cultural y social a la que no se puede renunciar. Sin embargo, el traumático escenario que se presenta en Cataluña no invita al optimismo. Cediendo a las reclamas independentistas, se condena al olvido y a la irreverencia a los más de 3 millones de catalanes que no quieren dejar su país, la tierra que por Constitución y derecho les pertenece. Aplicando el artículo 155 y disolviendo la cámara parlamentaria, esa mayoría bulliciosa que durante años ha sido acallada y silenciada por el Gobierno central se verá amargada, frustrada, incapaz de comprender qué hay que hacer para que se les escuche y tenga en cuenta, para sentirse parte de un todo que hoy les resulta ajeno. 

El marco de una profunda reforma constitucional, desde el federalismo y el consenso, parece el escenario menos dañino para todos, pero quién sabe cómo llegará la ciudadanía catalana hasta ese punto. El debate independentista ha ensombrecido por completo cuestiones tan importantes como la sanidad, la educación o cómo afectaría la independencia al devenir económico de Cataluña, con la firme intención de la CUP de abandonar la UE y el euro. En cualquier caso, en los próximos días es más que probable que lo que hoy ha acontecido en el Parlament quede anulado por completo, pero, como ha dicho hoy Raül Romeva, el proceso sigue su curso. De un modo u otro, no hay legislación que haga olvidar a la independencia, ni tampoco a los errores políticos que han convertido en avalancha imparable lo que en un principio solo eran fríos copos de nieve. 

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