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Un consenso descafeinado

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, en una reunión abordando la cuestión catalana / Imagen: EFE

Dentro del desafío soberanista en Cataluña, un océano de mareas revueltas que amenaza con llevarse todo a su paso, existen una serie de obviedades que fotografían lo que, hoy por hoy, es la idiosincrasia política en España: que ningún alto cargo, de un bando u otro, ha estado a la altura del momento histórico pertinente, que se han extremado posturas cada vez más irreconciliables entre sí, que el punto de no retorno en la relación de Cataluña con el resto de España ya se ha alcanzado, y que, por último, no ha sabido atajarse o no se ha querido atajar el problema a tiempo. Un problema al que ahora se trata de poner vendas con la falsa apariencia de un acuerdo nacional inexistente.

Desde que el Partido Popular lograra una incontestable mayoría electoral hace casi cuatro años, su actuación política de espaldas al resto del Parlamento ha sido la tónica habitual en la legislatura, relacionando dicha mayoría parlamentaria con una auto-proclamada legitimidad absoluta. En un panorama en el que convivían esas dos Españas, la del PP y la del resto de formaciones políticas, la sombra del independentismo se engrandecía día tras día, rechazo tras rechazo, desprecio tras desprecio. Para Rajoy, las proclamas rupturistas del pueblo catalán y las intenciones de Mas y Junqueras no eran más que un molesto ruido nocturno, como esos vecinos universitarios que se pasan la noche de fiesta pero que llegada la luz del día siempre silencian sus jolgorios. Puede que este haya sido uno de los mayores errores en política nacional, si no el mayor, del Ejecutivo popular: creer a todas luces que el asunto catalán iba a resolverse por sí solo o mediante la intimidación judicial.

En vistas del terremoto secesionista de la pasada semana, está claro que al Parlament poco o nada le importan las amenazas del Tribunal Constitucional o de un Gobierno incompetente. Solo así se puede explicar la creciente sensación desde el pasado 9 de Noviembre de que Rajoy no tiene poder real en Cataluña, ignorando una consulta cuya autoridad democrática no trasciende su clara irrelevancia práctica. Y ahora que ha llegado ese temido punto de inflexión a partir del cual nada será lo mismo, esa fricción fruto del irreconciliable malestar entre dos entes bien diferenciados, a Moncloa se le ha encendido la bombillita para buscar refugio en esos mismos partidos a los que, de un modo reiterado y desde luego que muy poco elegante, ha estado ignorando durante los últimos cuatro años. Un frente opositor coincidente en el diagnóstico y resquebrajado en la praxis, en el que el inmovilismo abanderado por PP y Ciudadanos choca de frente con la disposición de Podemos y Ahora en Común de organizar un referéndum vinculante, precisamente para que sean los ciudadanos catalanes quienes decidan su futuro. En medio, Pedro Sánchez y su reforma de la Constitución a la que nadie hace caso. Pintoresco cuanto menos.

España nunca ha sido partidaria del entendimiento patrio ni de la fraternidad entre sus pueblos, y seguir ignorando su identidad plurinacional solo propiciará el cada vez mayor distanciamiento de la periferia con Madrid. El problema recae en entender el nacionalismo como una amenaza para la integridad del Estado, en vez de ser concebido como una oportunidad de crecimiento y enriquecimiento cultural al que, de hecho, muy pocos países en Europa pueden hacer sombra. Sin embargo, transmitir una idea tan simplista y vacía de contenido como la de "todos unidos por la unidad de España", con la inocencia de quien hasta ahora nunca ha querido hacer el esfuerzo de entenderse con nadie, no va a arreglar absolutamente nada en Cataluña. Antes de hablar y pactar una solución democrática y conciliadora con los catalanes, primero Moncloa debería fijar una hoja de ruta que reúna todas las sensibilidades existentes, huyendo de una intimidación y confrontación claramente innecesarias. Entonces, sí podrá hablarse de consenso político en España. ¿Se imaginan?

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